Dies ist die spanische Version des Eilaktionstextes, die selbe Eilaktion mit englischem Text, aber anderen Empfängern findet sich hier, bitte beide Aktionen unterzeichnen.

Hallo und Guten Tag,

anlässlich des Mordes an der honduranischen Aktivistin und Menschenrechtsverteidigerin Berta Cáceres bitten wir Sie um Teilnahme an der unten stehenden Protestbriefaktion.

Zentrale Forderungen sind die Einsetzung einer Internationalen Kommission zur Untersuchung des Mordfalls und der Rückzug der an dem umstrittenen Staudammprojekt beteiligten Firmen aus dem Bauvorhaben. Dies sind auch zentrale Anliegen von Caceres’ Familie und ihrer Organisation COPINH (»Bürgerrat der Indigenen-Organisationen von Honduras«), zu deren Durchsetzung sie dringend auf internationale Unterstützung angewiesen sind.

Weiterführende Informationen:

auf Deutsch:
http://hondurasdelegation.blogspot.de/
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/honduras-mord-an-berta-caceres-tochter-beschuldigt-baufirma-a-1080807.html
http://www.tagesschau.de/ausland/honduras-caceres-mord-umwelt-staudamm-101.html

auf Spanisch:
http://desinformemonos.org.mx/especial-justicia-para-berta-caceres-y-proteccion-para-gustavo-castro/

auf Englisch:
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/03/honduras-berta-caceres-murder-enivronment-activist-human-rights

Mit freundlichen Grüßen,
die Vorbereitungsgruppe, bestehend aus Mitgliedern von

HondurasDelegation
Honduras-Forum Schweiz
Ökumenisches Büro München

Betreff: El caso Berta Cáceres

Estamos profundamente consternados por el asesinato de Berta Cáceres justo antes de medianoche del día de 2 de marzo de 2016.

Berta Cáceres era una lideresa indígena, defensora de los derechos humanos y del medio ambiente. Fue una de los fundadoras del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y entre otros premios internacionales, ganadora del Premio Medioambiental Goldman en 2015. El asesinato representa un daño irreparable a la defensa legítima de los derechos humanos en Honduras y en todo el mundo. Además da prueba de la carencia de medidas tomadas por el Estado hondureño, para la protección de las y los defensores de derechos humanos, teniendo en cuenta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado Medidas Cautelares para Berta Cáceres en el 2009, con las cuales el Estado no ha cumplido.

A partir del año 2012, comunidades de Río Blanco solicitaron el apoyo de la organización Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) ante la llegada imprevista de maquinaria y equipo técnico a su comunidad. Fue el inicio de las operaciones de la empresa DESA para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Junto con 40 otras concesiones de represas hidroeléctricas, el proyecto Agua Zarca, fue aprobado mediante legislación nacional en septiembre de 2010, pese a ser una violación directa al derecho de consulta previa, libre e Informada de acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la constitución hondureña. La instalación del proyecto en el otro lado del río en 2015 y el nuevo concepto no cambian la situación fundamental.

Para las comunidades Lenca el proyecto Agua Zarca, en cualquier forma, es una amenaza, porque según su cosmovisión, el río Gualcarque que fluye libremente tiene un especial significado cultural y espiritual.Por la falta de respeto a los derechos del pueblo Lenca, la falta de cumplimiento con el Convenio 169 y por los impactos negativos del proyecto sobre sus medios de vida, Berta organizaba y lideraba como Coordinadora del COPINH, una oposición pacífica al proyecto.

Producto de esta oposición, desde hace varios años Berta, junto con otros líderes Lencas, han sido blancos de amenazas e intimidación. Incluso ocurrió el caso en que el Estado de Honduras intentó criminalizar a Berta por la portación ilegal de armas. Caso que fue cerrado con sobreseimiento a favor de ella en Febrero del 2014. En Noviembre del 2013, otro líder de COPINH, Tomás García, fue asesinado y su hijo Alan García fue gravemente herido durante una protesta pacífica, a manos de un militar. A estos crímenes se suman tres asesinatos más contra personas opositores al proyecto Agua Zarca. En el inicio de 2016 DESA comenzó una campaña de deslegitimación y difamación contra Berta y COPINH culminando en un comunicado donde escribieron: »Hidroeléctrica Agua Zarca a la opinión pública hace saber las constantes mentiras que la activista de la organización COPINH, la señora Berta Cáceres que se define como una luchadora por el medio ambiente y los derechos de los indígenas, manipula constantemente la información para implementar una percepción negativa en torno al proyecto.« Mediante un comunicado de prensa difundido el viernes 4 de marzo de 2016, la la Relatora Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, expresó que el crimen contra la dirigente »existen probabilidades de que esté vinculado con su trabajo en defensa de los derechos humanos del pueblo indígena Lenca”, producto de la resistencia organizada contra Agua Zarca.

El proyecto Agua Zarca tiene financiamiento del Banco de Desarrollo holandés FMO, del Fondo de financiación para el desarrollo finlandés Finnfund y del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. La empresa Alemana Voith Hydro invirtió en el proyecto con la participación de la empresa Siemens. Las entidades de financiación de proyectos de desarrollo y la empresa privada han recibido alertas sobre la violación de los derechos humanos alrededor de la implementación del proyecto. Es de notar que tanto la empresa china Sinohydro como la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) suspendieron su financiamiento al proyecto. En el caso de Sinohydro, citaron los conflictos entre la empresa DESA y las comunidades locales como base para su decisión de retiro del proyecto.

El Estado de Honduras ha recibido a lo largo de los últimos años una variedad de recomendaciones en el marco de sus obligaciones suscritas a nivel internacional. Recientemente estas incluyen el Examen Periódico Universal (EPU), la declaración final de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en Honduras, y el capítulo 2 de 2015 del informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Honduras. Tomamos nota que durante el EPU, Holanda hizo una recomendación al Estado de Honduras para la implementación de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT.

Analizando todo esto llegamos a la conclusión que por parte del Gobierno de Honduras, sus cuerpos de seguridad y su sistema judicial, no existe ni voluntad ni capacidad para una investigación permanente e imparcial en este caso.

Por lo tanto, exigimos del Estado hondureño:

- La investigación profunda por parte de una Comisión Internacional Independiente 

- La protección de la integridad física y moral del único testigo y sobreviviente del crimen Gustavo Castro Soto y salvoconducto para salir del país

- Una aclaración del Estado hondureño,¿por qué no ha cumplido con las medidas cautelares para Berta Caceres, ordenadas desde el año 2009.

- Llamamos a las instituciones hondureñas a cumplir con su deber de garantizar la protección de todas las personas que defienden los derechos humanos en su país y a la debida implementación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, vigente en Honduras, a fin de que hechos como éste no se vuelvan a repetir.

Por lo tanto, exigimos de los gobiernos de Países Bajos, Finlandia y Alemania:

- Tomar todas las medidas para garantizar que la investigación del caso sea imparcial y efectiva.

- Demostrar públicamente que han tomado todos los pasos posibles para garantizar que ni sus fondos y bancos de cooperación internacional, ni empresas privadas que tienen su casa matriz en su territorio, hubieran violado los derechos humanos de la población local afectada por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Por lo tanto, exigimos de FMO, Finnfund, BCIE y Siemens-Voith Hydro

- Que las empresas transnacionales y bancos involucrados en el proyecto se retiren inmediatamente del proyecto de la represa Agua Zarca.

- Que FMO, Finnfund, BCIE y Siemens-Voith Hydro demuestren públicamente que han tomado todos los pasos necesarios para evitar violaciones de derechos humanos por parte de la empresa local DESA y que han aplicado plenamente los principios de diligencia debida (due diligence) y la obligación de respetar los derechos de la población Lenca.

Por lo tanto, exigimos al cuerpo diplomático y al grupo de los 16:

- Que a la vez de su comunicado del 4 de marzo deberían exigir de parte del Gobierno de Honduras y dando aporte financiero y logístico para la constitución de una Comisión Internacional Independiente, para investigar profundamente este crimen en la búsqueda de los autores materiales e intelectuales.

Atentamente,

[Anrede - wird automatisch eingefügt]

Wir sind erschüttert über die Ermordung von Berta Cáceres kurz vor Mitternacht des 2. März 2016.

Berta Cáceres war eine indigene Menschenrechtsverteidigerin und Umweltschützerin. Sie war eine der GründerInnen des Zivilen Rates der Indigenen- und Volksorganisationen von Honduras (COPINH) und unter anderen internationalen Auszeichnungen wurde ihr 2015 der renommierte Goldman Umweltpreis verliehen. 

Der Mord an Berta Cáceres bedeutet einen unersetzlichen Verlust für die legitime Verteidigung der Menschenrechte in Honduras und weltweit. Ausserdem zeigt er die fehlende Umsetzung von Schutzmaßnahmen seitens des honduranischen Staates für MenschenrechtsverteidigerInnen auf, und dies obwohl im Falle von Berta Cáceres die Interamerikanische Menschenrechtskommission (CIDH) 2009 Vorsorgemaßnahmen für sie angeordnet hatte.

Anfang 2012 baten die Gemeinden in Rio Blanco COPINH um Unterstützung, als völlig überraschend Maschinen und technische Geräte in ihren Gemeinden ankamen. Es war der Projektbeginn des Unternehmens DESA für den Bau des Wasserkraftprojektes Agua Zarca. Mit  40 weiteren Konzessionen für Staudämme war das Agua Zarca Projekt durch die nationale Gesetzgebung im September 2010 genehmigt worden, obwohl dies ein direkter Verstoß gegen die ILO Konvention 169 und der honduranischen Verfassung darstellt, wonach im Vorfeld eines solchen Projektes Anhörungen und Zustimmungsversammlungen in den betroffenen Gemeinden stattfinden müssen. Auch die 2015 vorgenommene Projektverlegung auf die andere Flussseite ändert nichts an der grundsätzlichen Illegitimität.

Für die Lenca Gemeinden stellt das Agua Zarca Projekt in jeder Hinsicht eine Bedrohung dar, weil in ihrer Kosmovision der freie Flusslauf des Gualcarque Flusses eine besondere kulturelle und spirituelle Bedeutung hat. Da die Rechte der Lencas nicht respektiert und der Konvention 169 nicht entsprochen wurde und durch dasProjekt negative Auswirkungen auf die Existenzgrundlagen der Lencas zu erwarten waren, organisierte Berta als Koordinator von COPINH einen friedlichen Widerstand gegen das Projekt, den sie auch anführte.

Als Folge dieser Opposition gegen das Projekt wurde Berta, zusammen mit anderen Lenca FührerInnen zum Ziel von Drohungen und Einschüchterungen. Der honduranische Staat ging sogar so weit, Berta kriminalisieren zu wollen, indem sie ihr illegalen Waffenbesitz anhängen wollten. Im Februar 2014 wurde sie davon freigesprochen.

Im November 2013 wurde während einer friedlichen Demonstration eine andere Führungsperson von COPINH, Tomás García, von einem Soldaten ermordet. Gleichzeitig wurde sein Sohn Alan García schwer verletzt. Diesem Verbrechen folgten drei weitere Morde an Gegnern des Projekts Agua Zarca. Anfang 2016 begann DESA damit, Berta die Legitimation als Menschenrechtsverteidigerin abzusprechen, in dem sie eine Diffamierungskampagne gegen sie und COPINH startete und in folgenden, von DESA verbreiteten Beschuldigungen gipfelte: »Das Wasserkraftprojekt Agua Zarca informiert hiermit die Öffentlichkeit über die ständigen Lügen der Aktivistin der Organisation COPINH, Frau Berta Cáceres, die sich selbst als Kämpferin für die Umwelt und die Rechte der indigenen Bevölkerung definiert. Sie manipuliert ständig Informationen, um so dem Projekt einen negativen Eindruck zu verpassen.« In einer Presseerklärung schrieb die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Rechte der indigenen Völker, Victoria Tauli-Corpuz am Freitag, den 4. März  2016, dass es Verknüpfungspunkte geben könnte zwischen diesem Verbrechen gegen Berta Cáceres und ihrer Menschenrechtsarbeit für die indigene Lenca Bevölkerung gibt, aus der heraus der Widerstand gegen Agua Zarca entstand. Das Projekt Agua Zarca wird von der holländischen Entwicklungsbank FMO, dem finnischen Fonds für Entwicklungsfinanzierung, Finnfund und der Zentralamerikanischen Bank für Ökonomische Integration, BCIE finanziert. Das deutsche Unternehmen Voith Hydro, in einem Joint Venture mit Siemens, investiert ebenfalls in das Projekt. Sie alle wurden mehrfach über die Verletzung der Menschenrechte während der Durchführung des Projekts informiert. Es ist bemerkenswert, dass sowohl das chinesische Unternehmen Sinohydro als auch die Internationale Finanz-Corporation (IFC) ihre Finanzierungen für das Projekt suspendierten. Sinohydro nannte als Gründe für ihre Entscheidung, sich aus dem Projekt zurückzuziehen, die Konflikte zwischen dem Unternehmen DESA.

Der honduranische Staat erhielt in den letzten Jahren eine Vielzahl von Empfehlungen im Rahmen seiner internationalen Verpflichtungen. Darunter vor kurzem während der Universal Periodic Review (UPR) der UNO, sowie in der Abschlusserklärung der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker und schliesslich im Kapitel 2 des Jahresberichtes 2015 der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte. Darüberhinaus empfahlen die Niederlande während der UPR der honduranischen Regierung,  die Umsetzung der Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen und der ILO-Konvention 169 einzuhalten.

Aus all diesen Punkten kommen wir zu der Schlussfolgerung, dass die Regierung von Honduras, seine Sicherheitskräfte und sein Justizsystem, weder den Willen noch die Fähigkeit für eine umfassende und unparteiische Untersuchung dieses Verbrechens haben.

Daher fordern wir von der honduranischen Regierung: 
    
- eine eingehende Untersuchung durch eine unabhängige internationale Kommission

- Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit des einzigen Zeugen und Überlebenden des Verbrechens, Gustavo Castro Soto, sowie ein sicheres Geleit aus dem Land

- eine Erklärung, warum seitens der Regierung die seit 2009 eingeforderten Schutzmassnahmen für Berta Caceres nicht umgesetzt wurden

- dass die staatlichen Institutionen ihre Pflicht erfüllen, um den Schutz aller Personen zu gewährleisten, die in ihrem Land die Menschenrechte verteidigen und dass die Umsetzung des Gesetzes zum Schutz der Menschenrechtsverteidiger ordnungsgemäss vonstatten geht, so dass Vorfälle wie dieser nicht wieder passieren.

Daher fordern wir von den Regierungen der Niederlande, Finnland und Deutschland:

- alles zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die Untersuchung des Falles unparteiisch und mit allen juristischen Konsequenzen durchgeführt wird

- öffentlich aufzuzeigen, dass sie alle möglichen Schritte unternommen haben, umsicher zu stellen, dass keine Fonds und Banken der internationalen Zusammenarbeit oder private Unternehmen, die ihren Sitz in ihrem Hoheitsgebiet haben, die Menschenrechte der durch das Wasserkraftprojekt Agua Zarca betroffenen lokalen Bevölkerung,  verletzt hatten.

Daher fordern wir von FMO, Finnfund, BCIE sowie Siemens und Voith Hydro:

- dass die transnationalen Konzerne und Banken, die an dem Projekt beteiligt sind, sich sofort aus dem Staudammprojekt Agua Zarca zurückziehen.

- dass FMO, Finnfund, BCIE und Siemens-Voith Hydro öffentlich zeigen, dass sie alle notwendigen Schritte unternommen haben um Menschenrechtsverletzungen des lokalen Unternehmens DESA zu verhindern und dass sie sowohl die Grundsätze der Sorgfalt (Due Diligence) als auch die Verpflichtung zur Respektierung der Rechte der Lenca Bevölkerung umgesetzt haben.

Daher fordern wir vom diplomatischen Korps und der Gruppe der Entwicklungshilfe-Geberstaaten in Honduras, G-16:

- dass sie anstatt der Forderungen im Kommuniqué vom 4. März eine unabhängige Untersuchungskommission fordern und diese sowohl finanziell wie auch logistisch unterstützen. Nur so kann gewährleistet werden, dass dieses Verbrechen unabhängig untersucht wird und sowohl gegen die Täter als auch deren Hintermänner ermittelt wird und sie strafrechtlich verfolgt werden. 

Mit freundlichen Grüßen,

[Signatur - wird automatisch eingefügt]

Quelle: http://www.oeku-buero.de

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