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 UA San Sebastián Bachajón
Chiapas-Ag vom 02.05.2009 UA drucken
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übersetzung Mandana

  Am 17. April 2009 wurden ungefähr 800 Polizisten der Präventiven Staatspolizei (PEP) und Beamte der Staatlichen Generalstaatsanwaltschaft (PGJE) eingesetzt, vermeintlich um eine Straßenblockade in Agua Azul, Chiapas aufzulösen. Die Straßenblockade war von Anhängern der Anderen Kampagne aus dem Ejido San Sebastián Bachajón errichtet worden, um die Freilassung von sechs Personen zu fordern, die am 13. April willkürlich festgenommen und gefoltert worden waren. Bereits am 15. April kam es gegenüber den Demonstranten zu Einschüchterungen durch die Sicherheitskräfte. Die Straßenblockade wurde jedoch aufrecht erhalten, wobei Fahrzeugen stündlich die Weiterfahrt gestattet wurde und informative Handzettel über den Grund der Blockade verteilt wurden.

Als die Sicherheitskräfte am 17. April am Ort der Straßenblockade eintrafen, war diese in der Absicht, Konfrontationen zu vermeiden, von den Demonstranten bereits selbst aufgehoben worden. Trotzdem erfolgten seitens der Polizei Provokationen und Willkürmaßnahmen. Die Sicherheitskräfte verblieben entgegen dem Drängen von Mitarbeitern des Menschenrechts-zentrums Fray Bartolomé de las Casas vor Ort. Das Menschenrechtszentrum ist besorgt, weil die entstandene Situation jener in Chincultic ähnelt, wo am 3. Oktober 2008 ein Einsatz der Präventiven Staatspolizei das Leben von 6 Campesinos kostete.

Zu den Provokationen und Willkürmaßnahmen der Sicherheitskräfte zählen die Zerstörung des Einlasskiosks zu den Wasserfällen von Agua Azul und sowie von Eigentum der Bewohner von San Sebastián Bachajón, die willkürliche Festnahme von Alfredo Gómez Moreno, aus der Gemeinde Xanil und die Verhaftung von Miguel Vázquez Moreno am 18. April gegen 21:00 Uhr an der Kreuzung von Agua Azul als dieser mit zwei anderen Personen in einem Auto unterwegs war. Nachdem Alfredo Gómez Moreno und Miguel Vázquez Moreno mehrere Tage als verschwunden galten, wurde bekannt, dass sie ebenfalls in die Gefangenensammelstelle gebracht wurden, in der bereits die sechs zuerst Verhafteten waren.

Die Kriminalisierung sozialer Proteste unter Einsatz von Gewalt und die Instrumentalisierung der Rechtssprechung als Mittel der Repression sind keine geeignete Antwort auf die sozialen Klagen und Forderungen nach Gerechtigkeit seitens der Gemeinden und sozialen Organisationen. Der Versuch, die bedenkliche Zunahme von Verhaftungen und Folter von sozialen AktivistInnen, auch in anderen Bundesstaaten wie Oaxaca und Guerrero, mit einer breiten Berichterstattung über den Drogenkrieg zu verschleiern, ist gleichermaßen abzulehnen.

Die Unterschriftenaktion ist bereits abgelaufen und kann nicht mehr online ausgefüllt werden. Sie wird hier nur noch textlich dokumentiert. UAs verfallen automatisch nach 6 Wochen, manchmal gibt es aber auch ein individuell definiertes Ende der UA.

Protestbrief

Preocupación por la vida y la situación jurídica de detenidos. Acciones de criminalización de la protesta social y del trabajo de defensores de derechos humanos.

Por medio de la presente, manifestamos nuestra fuerte preocupación por la detención arbitraria y actos de Tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; y violaciones a las garantías judiciales contra seis indígenas tseltales, habitantes del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Adherentes a La Otra Campaña; así como por la desaparición forzada y posterior arraigo de otros dos indígenas de la región, uno de ellos identificado como Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El lunes 13 de abril del 2009, Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara y Jerónimo Moreno Deara, indígenas tseltales y adherentes a “La Otra Campaña”, habitantes del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP). Actualmente se encuentran arraigados en la casa de arraigo, la “Quinta Pitiquito” en el municipio Chiapa de Corzo.

La Procuraduría General del Estado (PGJE), en inserción pagada el mismo día en el periódico La Jornada y el Cuarto Poder, publicó la fotografía de los seis detenidos, calificándolos de “asaltantes”, violando su honra y dignidad, dado que judicialmente no se les ha podido demostrar aún los delitos que se les imputan, estigmatizándolos como delincuentes ante la sociedad, en una clara vulneración al derecho de presunción de inocencia.

El 15 de abril, se inició un bloqueo carretero en el Crucero de Agua Azul, municipio de Chilón por integrantes de La Otra Campaña del Ejido San Sebastián Bachajón, para exigir la liberación de sus 6 compañeros detenidos. A pesar de actos intimidatorios por parte del Ejército Mexicano, el bloqueo carretero continuó.

El día de 17 de abril, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) recibió información que aproximadamente 800 efectivos policíacos se dirigían hacia el bloqueo carretero. que a la hora en la que llegaron los efectivos policíacos había sido ya levantado por decisión de los propios manifestantes por motivos de distensión. A pesar de esto, los efectivos policíacos realizaron actos de provocación. Robaron dinero y documentos que los adherentes de La Otra Campaña tenían guardados en la caseta de control que tenían en la entrada del centro turístico de las cascadas de Agua Azul, caseta que fue destruida. Durante el día siguiente, se mantuvieron destacamentos de la PEP en el Crucero de Agua Azul y en Xanil, recorridos periódicos de patrullas de la PEP y de la Policía Estatal de Caminos y sobrevuelos de un helicóptero.

Este mismo día, miembros del CDHFBC recibieron información de la detención de Alfredo Gómez Moreno, de la comunidad de Xanil, quien al parecer fue detenido por miembros de la PEP por señalamientos del Sr. Juan Carlos Jiménez Hernández, miembro de la “Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos” (OPDDIC). El CDHFBC señaló que la relación entre miembros de la OPDDIC y funcionarios de seguridad pública y autoridades de investigación ha sido un patrón reiterativo en esta zona, con la finalidad de inculpar a los adherentes de La Otra Campaña e integrantes del EZLN.

La mañana del día 19 de abril, el CDHFBC recibió información telefónica de miembros de La Otra Campaña, quienes informaron que el sábado 18 de abril, alrededor de las 9 de la noche, fue detenido Miguel Vázquez Moreno, identificado como Base de Apoyo del EZLN, en el crucero de Agua Azul. La detención fue realizada por miembros de la PEP.

Los eventos mencionados se dan en el contexto de una clara postura de contrainsurgencia, implementada por el Gobierno Mexicano, mediante acciones coordinadas de información y operación por el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública Federal y Estatal, como el caso del operativo policíaco que fue motivado a partir de información facilitada por inteligencia militar, como lo reconocieron al CDHFBC funcionarios del gobierno estatal.

También en otros estados, como Guerrero y Oaxaca se observa una creciente criminalización de actores de movimientos sociales. La militarización de todo el país, que el gobierno de Calderón llevó a cabo bajo el pretexto de mano dura en contra de los cárteles del narcotráfico, también genera una aceptación latente de la represión creciente en contra de manifestaciones, protestas y movimientos sociales. De tal modo, que en varios periódicos de Chiapas, el 21 de abril se presentó a los participantes en el bloqueo carretero como integrantes de una banda delictiva. Empresarios de la región Selva de Chiapas “lamentaron que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas defienda a delincuentes”.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos:

La liberación inmediata de Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Jerónimo Moreno Deara, Alfredo Gómez Moreno y Miguel Vázquez Moreno, actualmente arraigados en la Quinta Pitiquitos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por haber sido objeto de violaciones a derechos humanos.

Que se finquen responsabilidades a los elementos policíacos y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que participaron en los hechos, por su responsabilidad en la detención arbitraria, Tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y violaciones a las garantías judiciales de los arraigados.

Que se garantice el derecho de manifestación y protesta, así como la integridad personal los miembros de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón, Municipio de Chilón, por denunciar los actos arbitrarios de autoridades estatales y federales.

No criminalizar a las personas detenidas ni fallar en respeto a su dignidad publicando fotos en medios como si ya fueran sentenciadas y culpables de los hechos.

Respetar el trabajo de los defensores de derechos humanos y promover una cultura de derechos humanos en el estado en el que los organismos de defensa y promoción de garantías individuales y colectivas puedan hacer su labor sin ser tachados de defensores de delincuentes.

übersetzung

Sorge um das Leben und die rechtliche Situation von Gefangenen. Kriminalisierung des sozialen Protests und der Arbeit von MenschenrechtsverteidigerInnen

Wir äußern große Besorgnis infolge der willkürlichen Verhaftung, Folter, grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlungen sowie Verletzungen ihrer rechtlichen Garantien von sechs Tseltal-Indígenas, alle Anhänger der "Anderen Kampagne", des Ejidos San Sebastián Bachajón, Landkreis Chilón, Chiapas. Ebenso besorgt uns das Verschwindenlassen und der darauf folgende Arrest von zwei weiteren Tseltal-Indígenas, einer von ihnen Unterstützungsbasis der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiung (EZLN).

Am Montag, den 13. Abril 2009, wurden die Anhänger der "Anderen Kampagne", Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara und Jerónimo Moreno Deara, Tseltal-Indígenas des Ejidos San Sebastián Bachajón, Landkreis Chilón, von der chiapanekischen Polizeieinheit PEP festgenommen. Derzeit befinden sich die oben genannten Personen unter Arrest in einer Gefangenensammelstelle namens "Quinta Pitiquito" im Landkreis Chiapa de Corzo.

Die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Chiapas ihrerseits veröffentlichte in bezahlten Artikeln in den Zeitungen "La Jornada" und "Cuarto Poder" Fotos der sechs Verhafteten und bezeichnete sie als "Räuber". Damit wurden ihre Ehre und Würde verletzt, da die ihnen vorgeworfenen Verbrechen rechtlich nicht bewiesen sind. Sie wurden somit in der Gesellschaft als Kriminelle stigmatisiert, in klarer Verletzung des Prinzips der Unschuldsvermutung.

Am 15. April begannen AnhängerInnen der Anderen Kampagne eine Straßenblockade an der Kreuzung Agua Azul, Landkreis Chilón, um die Freilassung der sechs Verhafteten zu fordern. Die Armee unternahm Einschüchterungsversuche, doch die Blockade wurde trotzdem aufrechterhalten.

Am 17. April wurde das CDHFBC darüber informiert, dass ca. 800 Polizisten auf dem Weg zur Straßenblockade seien, die im Bemühen um Deeskalation zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei von den DemonstrantInnen bereits selbst aufgelöst worden war. Trotzdem provozierte die Polizei auf verschiedene Weise. Sie stahlen Geld und Dokumente der AnhängerInnen der Anderen Kampagne aus dem Kassenhäuschen am Eingang zum Touristenzentrum der Wasserfälle von Agua Azul und zerstörte das Kassenhäuschen.

Im Verlauf des folgenden Tages hielt die PEP ihre Präsenz an der Kreuzung von Agua Azul und in Xanil aufrecht. Es fanden wiederholte Patroullien der PEP und der Polizeieinheit PEC sowie Hubschrauberüberflüge statt.

Am selben Tag erfuhr das CDHFBC von der Verhaftung von Alfredo Gómez Moreno aus der Gemeinde Xanil. Anscheinend wurde er durch Polizisten der PEP nach Hinweisen von Juan Carlos Jiménez Hernández, Mitglied der "Organisation zur Verteidigung der Rechte der Indigenen und Kleinbauern" (OPDDIC), festgenommen. Das Menschenrechtszentrum wies darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern der OPDDIC und Funktionären der staatlichen Sicherheits- und Untersuchungsbehörden ein wiederkehrendes Muster in dieser Region sei, mit dem Ziel der Beschuldigung von AnhängerInnen der Anderen Kampagne und Mitgliedern der EZLN.

Am Morgen des 19. April wurde das CDHFBC von AnhängerInnen der Anderen Kampagne telefonisch darüber informiert, dass am 18. April gegen 21 Uhr Miguel Vázquez Moreno, als zapatistische Unterstützungsbasis identifiziert, an der Kreuzung von Agua Azul von der PEP festgenommen wurde. Im Moment ist seine rechtliche Situation unbekannt.

Die oben genannten Vorfälle stehen klar im Kontext der Aufstandsbekämpfung der mexikanischen Regierung, die in Austausch und Koordination von Information und Einsätzen zwischen der mexikanischen Armee, den föderalen und den chiapanekischen Sicherheitskräften durchgeführt werden. So war es auch im Fall des o.g. Polizeieinsatzes, der aufgrund von durch das Militär bereitgestellter Information stattfand, wie Funktionäre der chiapanekischen Regierung gegenüber dem CDHFBC zugaben.

Auch in anderen Bundesstaaten wie Guerrero und Oaxaca ist eine sich häufende Kriminalisierung der Akteure sozialer Bewegungen zu beobachten. Die Militarisierung des gesamten Landes, die durch die Regierung Calderon unter dem Vorwand eines harten Vorgehens gegen die Drogenkartelle vollzogen wurde, schafft zugleich eine latente Akzeptanz für die wachsende Unterdrückung von Demonstrationen, Protesten und sozialen Bewegungen. So präsentierten mehrere chiapanekische Zeitungen am 21. April die TeilnehmerInnen der Straßenblockade als eine Gruppe von Kriminellen. UnternehmerInnen der Region des Urwalds "bedauerten, dass das Menschenrechtszentrum ’Fray Bartolomé de Las Casas’ Verbrecher verteidigt".

Deshalb fordern wir:

Dass die Verhafteten Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Jerónimo Moreno Deara, Alfredo Gómez Moreno y Miguel Vázquez Moreno in "Quinta Pitiquitos", Chiapa de Corzo, unverzüglich freigelassen werden, da sie Opfer von Menschenrechtsverletzung wurden.

Dass die Polizisten und Funktionäre der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates, die für die willkürliche Verhaftung, Folter, grausamen und erniedrigenden Behandlungen und Verletzungen von rechtlichen Garantien, zur Rechenschaft gezogen werden.

Dass das Recht auf Demonstration und Protest wie auch die persönliche Integrität der Mitglieder der Anderen Kampagne des Ejidos San Sebastián Bachajón, Landkreis Chilón, garantiert wird, die Inhaftierten frei gelassen und gesellschaftliche Konflikte auf dem Weg des Dialogs gelöst werden.

Dass die verhafteten Personen nicht vorverurteilt werden und ihre Würde nicht verletzt wird, wie es durch die Veröffentlichung von Fotos geschehen ist, die sie als bereits Verurteilte und der Verbrechen Schuldige dargestellt hat.

Dass die Arbeit der MenschenrechtsverteidigerInnen respektiert und eine Kultur der Menschenrechte im Bundesstaat Chiapas gefördert wird, in der die Organismen zur Verteidigung und Förderung der individuellen und kollektiven Garantien ihre Arbeit ausüben können, ohne als VerteidigerInnen von Kriminellen abgestempelt zu werden.

Quelle: http://www.chiapas.eu/nolink.php


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